Perú en su laberinto

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• Por GABRIELA SCHURLEIN

Mediadora, Contadora y Docente. Integrante del grupo de voluntarios GReLa impulsado por Francisco Diez y Alejandro Nató, entre otr@s.

• Por DIEGO MARKS

Sociólogo y Facilitador de Diálogo. Integrante del grupo de voluntarios GReLa impulsado por Francisco Diez y Alejandro Nató, entre otr@s.

 

Perú se encuentra en una coyuntura de bifurcación política. Nada se divisa con claridad hacia adelante. Y la segunda vuelta electoral se presenta como un dilema envenenado.

 

El 11 de abril los y las peruanas eligen a su futuro presidente y a sus nuevos representantes parlamentarios. El contexto electoral es muy complejo, pues Perú presenta una sociedad convulsionada, una democracia desgastada, un panorama partidario fragmentado, una economía en recesión y una crisis socio-sanitaria de alta escala producto de la pandemia Covid-19. Esta situación no es exclusiva de Perú –matices más, matices menos, se trata de una realidad que atraviesa prácticamente toda la región de América Latina y el Caribe–, revela una marcada incertidumbre respecto al futuro y a su capacidad para sortear tiempos convulsos con el menor daño social e institucional posible.

Este artículo pretende abordar la actual situación peruana, aspirando a presentar su crisis institucional, el panorama político-electoral e identificar algunos desafíos que el nuevo gobierno deberá asumir para garantizar la estabilidad democrática-institucional (1).

Noviembre del 2020: Episodio de una crisis 

Los sucesos vividos en Perú durante el mes de noviembre de 2020 fueron episodios significativos de una crisis político-institucional, que presenta una diversidad de factores constituyentes, enmarañando la trama y dificultando su diagnóstico y, por ende, su capacidad de abordaje y transformación.

La decisión de una mayoría opositora en el Congreso de avanzar con la destitución del presidente Vizcarra, tras acusarlo de incapacidad moral para ejercer el cargo, abrió una nueva etapa de inestabilidad política en el país. Fue el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien asumió la Presidencia. Esto provocó una reacción social que terminó por forzar su salida a los seis días de haber asumido.

“La renuncia de Merino y la asunción de Francisco Sagasti, un político de corte moderado, sin denuncias de corrupción y con legitimidad social, llevaron un poco de calma, pero no ha resuelto los problemas”

Las protestas ciudadanas masivas y de alcance nacional, cuestionaron la legitimidad de la presidencia interina de Merino, expresando también otras causas de descontento social. La situación se agravó con los abusos de las fuerzas de seguridad. La represión a la protesta social tuvo un saldo trágico de al menos dos muertos y decenas de heridos. La renuncia de Merino y la asunción de Francisco Sagasti, un político de corte moderado, sin denuncias de corrupción y con legitimidad social, llevaron un poco de calma, pero no ha resuelto los problemas.

¿Qué hay detrás (y delante) de los sucesos de noviembre?

Si bien Perú viene viviendo recurrentes crisis políticas, pareciera que en el año 2020 avanzó otro escalón situándose en una crisis institucional que se complejiza por cinco factores interconectados: uno, la pandemia Covid-19 (Perú es de los países más afectados de Sudamérica en número de contagios, muertes y riesgo constante de colapso sanitario); dos, la crisis económica (en 2020 el PIB decreció un 13 por ciento); tres, la corrupción (todos los presidentes desde 2001 están detenidos, investigados o fugitivos, incluso Alan García se suicidó); cuatro, las dificultades históricas en el funcionamiento y las capacidades del Estado; y cinco, una acentuada crisis político-partidaria.

Es en la situación político-partidaria donde nos interesa poner la lupa. Perú evidencia un escenario de alta fragmentación. El país atravesó un quinquenio (2016-2021) convulso: cuatro presidentes (Kuczynski, Vizcarra, Merino y Sagasti), dos renuncias (Kuczynski en 2018 y Merino en 2020), un referéndum para impulsar una reforma institucional (2018), una disolución anticipada del Congreso (2019) que dio paso a nuevas elecciones legislativas (2020), cuatro intentos de vacancia en los últimos tres años, que resultaron en la destitución de Vizcarra, entre otros aspectos, reflejan una fragilidad institucional innegable.

Si la dicotomía fujimorismo/antifujimorismo paralizó al país desde hace décadas, el 2021 presenta además una marcada fragmentación que repercute en el panorama eleccionario a través de una multitud de candidatos a presidente (18 candidaturas), alto nivel de indecisión en los votantes (31 por ciento de indecisos, según IEP) y un elevado descreimiento respecto a los políticos y la capacidad de los partidos como instrumentos de la democracia. Existe una alta volatilidad expresada en el recurrente nacimiento y desaparición de partidos, una población escéptica que asimila políticos con corrupción y una curva creciente de aceptación por los supuestos outsiders en detrimento de los políticos tradicionales. El país entra en un terreno incierto, pues nunca antes se registró tan baja intención de voto para las elecciones presidenciales.

La crisis institucional eminentemente traerá consecuencias electorales. Según la Constitución Política de Perú, para que un candidato presidencial gane en primera vuelta, debe superar el 50 por ciento de los votos válidos. Un escenario que no pareciera darse en abril, conduciendo al país a una segunda vuelta programada para este próximo 6 de junio.

Más allá de la incertidumbre, cualquiera sea el futuro presidente (2), todo parece indicar que carecerá de margen de acción, sin mayoría parlamentaria, y deberá lidiar con un Congreso muy fraccionado y una población movilizada.

Mirando hacia el futuro: Algunos desafíos 

El panorama social e institucional en la etapa post eleccionaria se avizora incierto, pudiendo identificarse tres desafíos prioritarios para el nuevo gobierno.

El primer desafío consistirá en fortalecer la capacidad de diálogo dentro del Congreso. Desde la teoría política y la experiencia peruana, el hecho de que exista un Congreso fragmentado aumentará las dificultades para llegar a acuerdos internos y consensos. Un enorme reto a la estabilidad del propio Ejecutivo que deberá generar alianzas para garantizar la gobernabilidad.

El segundo desafío residirá en generar capacidad para promover diálogos sociales y territoriales con un colectivo heterogéneo que mostró capacidad para organizarse y tomar la calle. La Generación del Bicentenario abrió puertas de expresión nunca antes vistas en la realidad peruana, dando voz a reclamos colectivos producto del hartazgo generado por la prolongada crisis política e institucional, manifestando la indignación de diversos sectores de una ciudadanía movilizada, destacando jóvenes y mujeres, para poder cambiar un statu quo que no responde a sus necesidades. Sin duda, el nuevo gobierno deberá contemplar y responder los reclamos a través de una agenda innovadora y transformadora para canalizar esta fuerza participativa ciudadana, interesada en los asuntos públicos, a fin de lograr cambios más sustantivos y propositivos en el Perú. Será tarea de las próximas autoridades configurar una agenda de gobierno que articule a la clase política con las discusiones públicas que hay en la ciudadanía, sobre todo entre los más jóvenes. Abordar temáticas clave (muchas ausentes de los planes de gobierno presentados en campaña) como la reforma constitucional, la lucha contra la corrupción, la mejora del sistema de salud, la lucha contra el racismo, la xenofobia y los crímenes de odio, la protección ambiental, el respeto por los derechos de pueblos indígenas, la reforma universitaria, entre otros, serán ejes prioritarios para tejer ese vínculo.

“El nuevo gobierno deberá contemplar y responder los reclamos a través de una agenda innovadora y transformadora para canalizar esta fuerza participativa ciudadana, interesada en los asuntos públicos”

El tercer desafío –fundamental para poder afrontar los dos anteriores– consiste en romper la inercia: Los nuevos (viejos) representantes políticos que lleguen al gobierno deberán decidir si continúan por la senda actual o se aventuran a la necesaria tarea de comenzar a desactivar la vieja política a través de la inclusión de actores que expresan reclamos legítimos que atraviesan generaciones. Parece una tarea complicada, pero Perú cuenta con una sociedad movilizada que mostró potencial participativo para contribuir a la renovación de la clase política.

Abordar la multipolarización y crear puentes para cultivar el diálogo y la inclusión, como una oportunidad para transformar el viejo paradigma de imposición y represión, se vuelve una tarea impostergable para sortear el complejo laberinto que recorre el Perú. [T]

REFERENCIAS:

• Como autores argentinos es de nuestro interés destacar que estas líneas han sido construidas con humildad y respeto, reconociéndonos externos a la realidad peruana, pero hermanados por el cariño y el sentido de saber que pertenecemos a la misma patria grande.
• Los últimos sondeos reflejan que existen seis candidatos con mayores chances: Yonhy Lescano (Acción Popular); Hernando de Soto (Avanza País); Verónika Mendoza (Juntos por el Perú); George Forsyth (Victoria Nacional); Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Con candidaturas sin más despegue que unas cuantas décimas entre sí, cualquier cosa podría suceder.