Bolivia a fuego cruzado

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• Por  ROXANA MÓNICA SOLINA

Abogada, Magister en Mediación y Negociación y Diplomada en Conflictología. Integrante del grupo de voluntarios GReLa impulsado por Francisco Diez y Alejandro Nató, entre otr@s.

• Por HORACIO MIRALLES

Estudiante de Derecho. Integrante del grupo de voluntarios GReLa impulsado por Francisco Diez y Alejandro Nató, entre otr@s.

 

Los autores propugnan para superar la polarización sociopolítica boliviana la generación de diálogos integradores centrados en la justicia formal y la social.

 

 

Bolivia se encuentra inmersa en un escenario de enraizada polarización sociopolítica. Los actuales conflictos reflejan una historia de confrontación, acusaciones, sospechas y mutuas imputaciones entre dos vertientes o polos: el Movimiento al Socialismo (MAS) y una oposición de corte (neo) liberal. Cada grupo brega por sus propios intereses, en puja por el poder y por la proclamación de su propia verdad.

Más allá de las causas estructurales, culturales y otros precedentes relevantes, vamos a comenzar refiriéndonos a los antecedentes de la candidatura de Evo Morales para las elecciones nacionales del año 2019.

Avatares de una elección

Siendo presidente, Morales convoca a una consulta para reformar la Constitución y posibilitar su reelección por un cuarto mandato consecutivo. El referendo popular realizado el 21 de febrero de 2016 (21F) arroja un resultado negativo para su pretensión. En 2017 presenta una acción de inconstitucionalidad contra la normativa que le impedía ser reelecto alegando la prevalencia de tratados internacionales que su gobierno había firmado.

En diciembre de 2018, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Bolivia le da la razón y lo autoriza a presentar su candidatura, lo que genera una ola de adhesiones y de protestas. En las elecciones del 20 de octubre de 2019, un primer resultado parcial presentado por el TSE da como vencedor a Evo Morales, pero con una diferencia menor a un 10 por ciento, lo que obligaba a una segunda vuelta electoral. Minutos después, se demora la difusión del escrutinio y aparecen las primeras versiones de fraude electoral. Finalmente, el 1 de noviembre el TSE formaliza la victoria de Evo Morales como ganador en primera vuelta. Estos resultados son rechazados por la oposición. Toma fuerza la denuncia de fraude electoral y se replican las manifestaciones callejeras de protesta, con hechos de violencia, quemas a sedes de tribunales electorales y agresiones a autoridades locales. Luego se suman los grupos que marchan para manifestarse en apoyo a Evo Morales. Se producen cruces y enfrentamientos en las calles. La oposición exige la renuncia de Morales y pide la intervención de la OEA para esclarecer el desarrollo del proceso electoral. El informe de la OEA finalmente revela irregularidades. A los reclamos de renuncia de la oposición se suma un motín policial y reclamos de la Central Obrera Boliviana (COB) que hasta ese momento apoyaba a Morales. Las Fuerzas Armadas terminan pidiendo también su renuncia.

Evo Morales, que ya había llamado a nuevas elecciones frente al panorama que se presentaba en el país, finalmente renuncia el 10 de noviembre, y temiendo por su seguridad personal y la de su familia, solicita y obtiene asilo político en México y luego en Argentina. El vicepresidente Lineras también deja el país. La Asamblea Legislativa se reúne y sin quorum la senadora Jeanine Añez se autoproclama como presidenta interina de Bolivia el 12 de noviembre, cargo en el que se mantendrá por un año.

Algunos llamarán a este proceso Gobierno de transición y otros, Golpe de Estado y Gobierno de facto. Parte del pueblo, aquel que apoya a Evo Morales, se manifiesta en las calles. Desde el Gobierno se ordena la represión y se producen las conocidas masacres de Senkata y Sacaba. El llamado a nuevas elecciones se demora. Una primera fecha prevista para mayo de 2020 se pasa para el 6 de septiembre y luego una vez más se posterga, por causa de la pandemia, según invoca el TSE y el oficialismo. Grupos afines al MAS se movilizan, consideran que se trata de una excusa para contar con más tiempo en el gobierno y continuar la persecución política contra su movimiento. Se fija fecha definitiva para el 18 de octubre.

El candidato del MAS para las elecciones nacionales es el exministro de economía de Morales, Luis Arce, acompañado por David Choquehuanca como candidato a la vicepresidencia. La oposición es liderada por Carlos Mesa, de la Alianza Política Comunidad Ciudadana. Son inútiles sus intentos por unificar a la oposición que se presenta dividida. Luis Fernando Camacho, uno de los principales promotores de la renuncia de Morales, se presenta por la Alianza Creemos. Añez también se presenta como candidata, pero luego, con una intención de voto escasa, termina retirando su postulación. Si bien la mayoría de las encuestadoras y analistas prevén una segunda vuelta, Arce resulta vencedor con un contundente 55,11 por ciento de los votos, consagrándose como presidente en primera vuelta. La fórmula del MAS se impone en seis de los nueve departamentos del país: La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Pando y Chuquisaca. Mesa, por su parte, logra una mayoría de votos en Tarija y Beni, y Camacho en Santa Cruz. Si bien existieron algunos intentos desde organizaciones de derecha con sede en Santa Cruz y Cochabamba de denunciar un nuevo fraude electoral, tanto Añez como las organizaciones internacionales veedoras destacaron la transparencia y veracidad de los resultados de las elecciones. La rotunda victoria es invocada como argumento de quienes apoyan al MAS para afirmar que en el año 2019 no hubo fraude, sino una conspiración contra el orden democrático.

Salida electoral sin solución política

La salida electoral de 2020 permitió dirimir la conflictiva situación del país a través de un mecanismo democrático, pero lejos de encauzar las polarizaciones existentes, el clima de desconfianza y confrontación siguió expandiéndose y se replica a través de distintos actos, denuncias y el pedido de intervención a los organismos internacionales.

Fraude versus conspiración, Golpe de Estado versus levantamiento social contra el fraude, Gobierno de facto versus Gobierno de transición. Éstas son las voces de las fuerzas en conflicto.

Ahora, la Justicia ocupa el centro del escenario de la conflictiva Bolivia, alegando la búsqueda de la verdad y la sanción de los culpables según algunos; o impunidad y persecución política de la oposición según otros. Reinan las sospechas, las denuncias y los cruces permanentes. Respecto de las causas abiertas contra Evo Morales, una exención de prisión fue presentada y permitió, luego del triunfo de Arce, su regreso a Bolivia, donde asumió la presidencia del MAS, haciéndose cargo de la organización partidaria y de la campaña para las elecciones regionales recientemente celebradas (7 de marzo y 11 de abril de 2021); y en diciembre de 2020 se archivó la causa por fraude electoral en su contra.

Habiendo ya asumido Arce la presidencia, se denuncian irregularidades durante el gobierno de Añez y se inician causas de corrupción, entre las que se encuentra la compra fraudulenta de respiradores a China. Con la participación de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se investigan las masacres de Senkata y Sacaba, y con la aprobación de la Asamblea Legislativa se abren las causas de responsabilidad por estos hechos contra Añez y otras autoridades presuntamente involucradas. Por otro lado, se abre una causa para investigar las responsabilidades en la perpetración del denunciado Golpe de Estado, bajo las acusaciones de sedición, terrorismo y conspiración.

Bajo estas incriminaciones, Añez es detenida preventivamente por cuatro meses (extendidos luego a seis) y encarcelada. Su familia y entorno político denuncian un trato lesivo. También son detenidos dos exministros de su gestión: Rodrigo Guzmán (Energía) y Álvaro Coimbra (Justicia) junto a algunos exjefes de las fuerzas policiales y militares involucrados. Otras exautoridades también acusadas solicitan asilos políticos y se exilian en otros países.

“La Justicia bajo sospecha, las organizaciones internacionales bajo sospecha, por unos o por otros, de parcialidad como de intereses políticos”

Justicia para unos; persecución política para otros. La oposición denuncia una y otra vez al Gobierno y solicita la intervención de Organizaciones Internacionales como Naciones Unidas, OEA, Unión Europea, CIDH, quienes se manifiestan y bregan por una justicia independiente y el debido proceso. Estados Unidos y la OEA piden en forma expresa la liberación de Añez y los otros detenidos. A su vez, desde el Gobierno se señala a la Unión Europea, al Reino Unido y a la OEA como parte de una conspiración en contra de Evo Morales y a favor del Golpe de Estado. Se acusa a la OEA de injerencia en asuntos internos de la Nación, inculpando a su Secretario General, Luis Almagro, de haber causado la desestabilización política del país con el informe de irregularidades y fraude de las elecciones de 2019. La Justicia bajo sospecha, las organizaciones internacionales bajo sospecha, por unos o por otros, de parcialidad como de intereses políticos.

Algunos actores convocan al diálogo. Carlos Mesa presenta una propuesta de pacificación y reconciliación nacional con seis puntos, que incluyen la liberación de Añez y los considerados detenidos políticos, así como la renovación del Poder Judicial, que el Gobierno rechaza. La Iglesia llama al diálogo y las Organizaciones Internacionales se manifiestan en el mismo sentido, pero ninguna entidad goza del respeto y la consideración de todos los actores. Más bien recaen sobre ellas sospechas y desconfianza. La polarización se exacerba dificultando el diálogo entre las partes, como sucede en muchos países de América Latina.

La conflictividad sociopolítica de Bolivia nos invita a revisar y replantear con sentido crítico el abordaje de los distintos intereses que representa cada actor o cada grupo, las identidades, inclusiones y exclusiones que subyacen en forma histórica y actual, las reivindicaciones y los modelos de distribución.

En Bolivia los distintos grupos sociales encontraron espacios de representación y de poder, manifestándose como actores partícipes de su propia historia, pero muchas de estas manifestaciones se impregnaron de reiterados e intensos episodios de violencia. El desafío, tanto del Gobierno como de la oposición, es generar espacios de encuentro, construcción de confianza y diálogo, donde se puedan generar acuerdos, al menos mínimos, para la pacificación del país. Estos espacios de diálogo deben propiciarse tanto entre los altos mandos de la dirigencia política, como entre los distintos actores y sectores sociales del país, promoviendo la participación e inclusión de todos ellos.

Se requieren espacios de diálogos integradores centrados en la justicia, una justicia formal que se pretenda independiente y así se manifieste, y una justicia social que respete y promueva las diversas identidades socioculturales que conforman el país. Este es el desafío de Bolivia, así como de otros países de la región. Es imperioso que los organismos internacionales contribuyan con este proceso, cuidando especialmente que su intervención propicie el real acercamiento entre los distintos actores, evitando ahondar las divisiones y polarizaciones que se presentan hoy. [T]