¿Qué hay de nuevo? Los alcaldes mexicanos, que son frecuentemente atacados por el crimen organizado, han sido marginados en la lucha por contenerlo. La corrupción local y la magnitud de la violencia llevaron a las autoridades nacionales a minimizar el poder de los gobiernos municipales y recurrir al ejército para supervisar la seguridad pública.

¿Por qué importa? Los grupos criminales mexicanos se han fragmentado, y los mayores riesgos de violencia se concentran ahora en 80 municipios en los que las elecciones pueden desencadenar feroces batallas por el control. La lucha contra este flagelo requiere una estrategia de seguridad que esté en sintonía con la naturaleza específica de las oleadas delictivas locales. La policía militarizada y centralizada no es adecuada para esta tarea.

¿Qué se debe hacer? Las alcaldías deben establecer una nueva generación de acuerdos de cooperación en materia de seguridad con otros niveles del Estado, reforzando las fuerzas policiales locales, garantizando una división del trabajo más eficiente y permitiendo un mejor intercambio de inteligencia. Estos acuerdos deben incluir estrictos controles anticorrupción.

El auge de los grupos criminales en México ha convertido los niveles locales del Estado en objetivos militares. La violencia criminal varía enormemente entre los 2500 municipios del país: algunas localidades son remansos de paz, mientras que otras sufren devastadores enfrentamientos entre grupos criminales, muchos de las cuales buscan tratar de controlar las alcaldías municipales. A medida que los grupos rivales se fragmentan y, por lo tanto, se multiplican, la intensificación del conflicto cobra la vida de muchos funcionarios locales. Sin embargo, la simpatía por los alcaldes es escasa. Considerados por un tiempo los abanderados de la transición de un Estado unipartidista a una democracia competitiva, los gobiernos locales se cuentan ahora entre las instituciones más desprestigiadas de México, y son vistos por muchos como cunas de la corrupción. Las autoridades federales les han arrebatado cada vez más el control de la policía local y les han encomendado a los militares liderar la protección de los ciudadanos. Pero los funcionarios y las fuerzas del orden municipales suelen ser quienes mejor conocen las dinámicas del crimen en sus comunidades. Siempre que se comprometan a adoptar medidas anticorrupción, se les debe dar una nueva oportunidad para que se unan a las iniciativas de seguridad del Estado y les den forma mediante acuerdos de cooperación con las autoridades a nivel estatal y federal.

Desde que el expresidente Felipe Calderón emprendió una ofensiva frontal contra los carteles de la droga hace casi dos décadas, México ha sufrido un aumento generalizado en los delitos violentos, a pesar de cierta disminución en los últimos años. El puñado de grupos que dominaba el panorama en la era de Calderón se desintegró, dando paso a más de 200 bandas criminales, repartidas de manera desigual por todo el país. En estados como Guanajuato, Guerrero, Zacatecas y Michoacán, alrededor de 80 municipios registran tasas muy elevadas de homicidios y otros delitos graves que continúan creciendo a medida que los grupos compiten por el control de las rutas de tráfico de drogas y migrantes, solo por citar dos de los lucrativos negocios ilícitos que asolan el país.

Cada zona de alta criminalidad tiene sus propias características. Pero, a pesar de que en teoría los gobiernos locales deberían disponer de la mejor información sobre cómo abordar los problemas de seguridad, son el eslabón más débil en las iniciativas para frenar la violencia. Si bien alguna vez estuvieron entre las pocas instituciones del Estado mexicano no gobernadas por el antes hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), los gobiernos locales han sufrido un calvario en la transición del país a la democracia a partir de la década de 1990. Anteriormente, los grupos criminales cumplían en gran parte con los dictados informales del Estado central. Pero la competencia electoral y la aparición de autoridades federales, estatales y municipales dirigidas por fuerzas políticas rivales crearon incentivos para que los grupos ilegales concentraran su potencial de violencia en los niveles más vulnerables del Estado.

Las alcaldías y las comisarías municipales a menudo han sido incapaces de resistir. Los grupos criminales han asesinado a cientos de alcaldes, concejales y candidatos locales. Proliferan las denuncias de complicidad entre funcionarios, fuerzas de seguridad y grupos criminales. Las autoridades nacionales atribuyeron la notoria desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en el estado Guerrero, en 2014, a la colusión entre el alcalde local, la policía bajo su mando y una banda criminal. El entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció poco después que todas las fuerzas policiales municipales serían disueltas.

El Congreso y la Suprema Corte bloquearon esa iniciativa, pero la reputación de la policía local y los alcaldes no se ha recuperado del revés sufrido en las dos últimas décadas. Los presidentes mexicanos han buscado desde entonces cómo subordinar a los alcaldes y a la policía municipal al poder central. Muchas otras fuerzas policiales locales han pasado a depender de la policía estatal o federal. Muchas otras han sido puestas bajo mando militar. Los presupuestos para las fuerzas de seguridad locales se han recortado drásticamente, en particular bajo el mandato del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha inyectado fondos adicionales a las fuerzas armadas. Los gobiernos locales se han inclinado por seguir esta tendencia, algunas veces delegando sus poderes al gobierno estatal o federal, y otras veces incorporando oficiales militares para dirigir la policía local. Las razones varían. Algunos necesitan los recursos que en ciertos casos se ponen a su disposición o un canal de comunicación con los niveles superiores del Estado y los militares; otros lo hacen simplemente porque quieren evitar que los culpen si aumenta la violencia en su territorio.

En medio de estos cambios, la violencia contra alcaldes y otros funcionarios locales no han disminuido: 65 alcaldes han sido asesinados desde que López Obrador asumió el poder en 2018. Las elecciones locales y estatales de 2021 provocaron un nuevo derramamiento de sangre, y las de 2024, en las que el país celebrará elecciones locales, estatales y presidenciales, podrían ser igual de violentas.

Existe una alternativa a este modelo, en el que se les niega autoridad real a los gobiernos locales y se les responsabiliza del aumento de la delincuencia, mientras permanecen asolados por los grupos criminales. Varios alcaldes han firmado acuerdos de cooperación con otras instituciones del Estado, grupos de la sociedad civil o expertos técnicos, con el objetivo de fortalecer en lugar de debilitar las fuerzas municipales de seguridad. El análisis de los datos sugiere que estos acuerdos pueden generar una notable reducción en los índices de homicidios, sobre todo cuando involucran formación, intercambio de inteligencia, prevención del delito (que incluye planes para hacer más seguros los espacios públicos, resolución de conflictos, sensibilizar sobre las actividades ilícitas y mejorar las oportunidades de empleo y recreación) y una división más clara de labores entre las fuerzas de seguridad. Este enfoque, por supuesto, entraña el riesgo de devolver el poder a autoridades locales propensas a la corrupción. Aun así, hay ejemplos de acuerdos de cooperación que equilibran la necesidad de aprovechar la inteligencia local, profesionalizar la policía municipal y monitorear cualquier posible uso indebido de los recursos.

Es probable que el presidente López Obrador se muestre reacio a renunciar a sus poderes en materia de seguridad o a colaborar más estrechamente con sus oponentes políticos, pero tanto él como su sucesor (que será elegido en 2024, cuando la Constitución dispone que el actual presidente debe dejar el cargo) deben reconocer los posibles beneficios de esta nueva generación de acuerdos. Si se diseñan y aplican cuidadosamente, estos acuerdos podrían reproducirse en todo México, permitiendo a las autoridades responder de manera más coordinada y eficaz a los brotes locales de violencia, en lugar de depender de la respuesta habitual de desplegar el ejército o la Guardia Nacional.

Con la violencia letal en México todavía rondando cerca de sus máximos históricos, las demandas públicas de protección contra la depredación criminal seguirán siendo un elemento fijo de la vida política en todos los niveles de gobierno. El panorama criminal del país ahora se compone de una multitud de batallas territoriales locales, libradas a un terrible costo humano. A pesar de que su reputación no sea la mejor, los gobiernos locales deben tener la oportunidad para desempeñar un papel más destacado en la respuesta de seguridad y, al hacerlo, aportar a la seguridad de las comunidades que más lo necesitan.

Ciudad de México/Bogotá/Washington/Bruselas, 23 de junio de 2023