La desestabilización política en Centroamérica

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La fragmentación y el deterioro político de la región, la pasividad internacional frente al poder blando y sus opciones.

Las señales de desestabilización política en la región centroamericana están creciendo, porque cada país exhibe grandes abusos de autoridad que pueden ser irreversibles en el mediano plazo.

La concentración de poderes de Bukele está llevando a El Salvador a la impunidad frente a la ausencia de pesos y contrapesos institucionales, acompañados de censura y criminalización; la ausencia de consenso del nuevo Gobierno de Xiomara Castro muestra un giro neopopulista por parte de Mel Zelaya con uso de la justicia como método de castigo a los opositores; la creciente corrupción acompañada con la intimidación a fiscales en Guatemala, y la complicidad del presidente Giammattei, están desarticulando el poco Estado de derecho que prevalecía en ese país. Mientras que la impunidad onerosa que prevalece en Nicaragua demuestra las consecuencias a largo plazo del desmantelamiento del orden constitucional: intimidación, encarcelamiento, migración, desinformación y censura, populismo económico y criminalización de la democracia son hoy día la norma en ese país.

La razón de ser de estos procesos se explica por la recomposición política de la autoridad de las élites gobernantes. En Guatemala y Nicaragua existe un fuerte atrincheramiento de sus élites gobernantes ante la protesta social que demanda un cambio político. En Guatemala, los pueblos Mayas están ganando presencia política y fuertes espacios de poder en las ciudades o municipios, y en el Congreso. Esta situación las élites locales más tradicionales y conservadoras la perciben como amenazante a su status quo y difícil de adaptar en un nuevo ambiente de poder compartido. En Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo representa un clan dentro de una tribu política minoritaria (el sandinismo) que percibe a la mayoría política azul y blanco como una amenaza para desplazarla de su continuidad en el poder. Honduras y El Salvador son países donde la oposición se convierte en élite gobernante e intentan reacomodar el balance de poder a su favor, de ahí que Bukele ha logrado utilizar la popularidad para desmantelar los pesos y contrapesos dejando a los salvadoreños al desamparo del capricho político del presidente sin recurso de protección del Estado. En Honduras, el Partido Libre llega al poder en una alianza frágil, pero con la fuerza ideológica de desplazar a los dos partidos tradicionales (Liberal y Nacional) y constituirse en la autoridad dominante. En los cuatro países los métodos de recomposición utilizados se han basado en la plataforma legal del sistema democrático para desvirtuar el Estado de derecho mismo. En Costa Rica también se observa esa recomposición con una generación desembocada en desplazar a los partidos tradicionales (Liberación, Social Cristianos y Acción Ciudadana) y dar espacio a un nuevo régimen político, sin estructura ideológica. En los cuatro países la presencia e influencia de los militares y la Policía ha vuelto a jugar un rol preponderante en la política, toda vez que están garantizando el ejercicio de la autoridad de estas élites, por lo tanto, transgrediendo el Estado de derecho.

Cada país enfrenta diferentes retos, pero en la mayoría de los casos el denominador común es la subordinación del derecho ciudadano sobre el autoritarismo de estas élites. A medida que se siguen apoyando en estas condiciones, la tensión política irá creciendo a tiempos diferentes y afectando mayormente a la población de cada país. Los centroamericanos no entienden completamente la magnitud o la profundidad de los problemas porque están distraídos en mejorar su condición económica y uno de cada veinte hogares está emigrando en parte por la pérdida de confianza en el futuro del país o porque las condiciones actuales no resuelven sus problemas cotidianos. Otros se encuentran desmotivados por la situación, mientras que otros tratan de acoplarse en medio de la protesta o de negociar su espacio a través del clientelismo económico o político. El resultado es una profunda fragmentación sociopolítica y un retroceso económico frente al avance global lo que estará creando un estancamiento en medio de los grandes cambios que ocurren en el mundo. En países como El Salvador, la impaciencia social no despierta con protesta social como en Guatemala, sino con más violencia de pandillas, mientras que en Honduras la polarización política desencadenará en otra ola violenta, aumentando los homicidios en el país. Incluso en Nicaragua, la historia muestra que el descontento popular que se encuentra reprimido con miedo termina explotando con desprecio al Gobierno. Los espacios de mediación se están cerrando como resultado de las medidas extremas de las élites.

La influencia del poder blando frente a los deterioros institucionales

La sociedad civil y los medios independientes en la región están debilitados, intimidados y con poca capacidad de prevenir el empeoramiento de la pérdida de derechos constitucionales. El sector empresarial está dividido, entre acoplarse a la presión de las élites, quedarse callado o huir.

Mientras tanto la comunidad internacional, y Estados Unidos en particular, se encuentran en una fase de anonadamiento sobre la velocidad en que estos acontecimientos han ocurrido y perciben a las soluciones con derrotismo y resignación: no importa cuánto traten, no se podrá obtener logros. Este pesimismo resulta en parte porque a primera vista consideran que una respuesta proporcional de parte de la comunidad internacional al desastre político es muy difícil de lograrse.

Esta perspectiva se explica en parte porque a nivel global el mundo ha dejado a un lado la perspectiva tradicional del uso de la fuerza como forma de establecer el orden político. Más bien, el ejercicio de poder blando (como sanciones económicas, financieras, penalidades, condiciones, arbitrios legales, avergonzamiento político, la condena, cierre de fronteras a indeseables, acceso a información, conocimiento y tecnología, entre otros) se ha convertido en la norma del orden mundial y opera en un ámbito de cooperación compleja.

Sin embargo, el impacto de este poder, que no es sinónimo de poder débil, depende de la velocidad, consistencia, sincronicidad, calibración proporcional (simetría), continuidad y persistencia de su uso de parte de todos los actores.

Frente a las condiciones regionales, la comunidad internacional tiene varios recursos claves con los que puede reforzar el proceso democrático en Centroamérica. Esto incluye un enviado especial para Centroamérica más proactivo, una mejor cooperación en la implementación de sanciones como método de ajuste de cuentas frente a los abusos de autoridad, la utilización de las herramientas legales inscritas en los convenios y tratados.

El Enviado Especial: Centroamérica necesita oír de la voz de Estados Unidos a través de su enviado especial que alerte a los centroamericanos sobre los deterioros que están ocurriendo y recuerde por qué las normas democráticas continúan siendo importante para la vida cotidiana de sus ciudadanos. El enviado especial tiene que incluir a Nicaragua y alzar la voz sobre las consecuencias políticas a largo plazo y las oportunidades que ofrecen los cambios socioeconómicos acompañados con el apoyo de este país.

Los Acuerdos y Tratados Internacionales: Los acuerdos internacionales, como la Carta Democrática, el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, de Asociatividad Comercial con la Unión Europea, el Tratado de Seguridad Democrática son herramientas de presión importante para incentivar a las élites a cooperar dentro del Estado democrático. Nicaragua por ejemplo ha violado varios componentes del tratado de CAFTA (el laboral, de medio ambiente y artículos sobre acceso a finanzas), también ha violado la Parte 3 sobre Derechos Humanos, Democracia y Buena Gobernanza. En estos momentos arriesga la suspensión también ante la Organización de Estados Americanos por su violación al orden constitucional. De esta forma, la comunidad internacional puede invocar estos instrumentos para debilitar las fuerzas autocráticas y restaurar el orden político constitucional.

Las instituciones financieras: Independiente del propósito, todo convenio de préstamo con instituciones financieras internacionales tiene que cumplir con normativas sobre prevención de lavado de dinero, corrupción, afectación del medio ambiente y temas sociales. Cláusulas contractuales incluyen o requieren de tomar medidas, como suspender desembolsos, si funcionarios del Gobierno y vinculados con el préstamo están en listas de sanciones, o han participado en lavado de dinero, o actos de corrupción. Nicaragua en particular está incumpliendo sus compromisos adquiridos en casi todos sus contratos de préstamo. Por ejemplo, el BCIE exige que el prestatario cumpla con las políticas ambiental y social del Banco para obtener y mantener su préstamo.  Nicaragua no las cumple, porque a) no es incluyente de todos los sectores sociales y b) ha creado el clima adverso para lograr esas políticas.

Una Comisión Transnacional por la Justicia y la Democracia: La comunidad internacional puede dar mejor contrapeso ante el peso autocrático formando alianzas con la sociedad civil, la Iglesia, y otros sectores democráticos para hacer uso de su voz y fuerza en medio de la intimidación. Los países democráticos pueden conformar un grupo de amigos de la democracia, apalancarse del movimiento ya existente de parte de la alianza por la democracia y el desarrollo y hacer uso de su poder blando para sentar bases democráticas, combatiendo la desinformación, sancionando más autoridades corruptas, penalizando al Estado, y aislando los autócratas.

Un liderazgo democrático: Los instrumentos están a la mano y lo que necesitan los actores internacionales es asumir el riesgo de defender los valores que han asumido como parte intrínseca del orden mundial y en alianza con las fuerzas democráticas. La velocidad en que transitan los movimientos y las ideas es más rápida que la capacidad de reacción de la sociedad, y el estándar democrático se ha descuidado en medio de las urgencias y otras realidades. Sin embargo, el ejercicio democrático es la herramienta que acopla las demandas de la sociedad moderna y no la violencia y el uso de la fuerza. Las dictaduras y autoritarismos, por muy ‘neo’ que parezcan, siguen siendo lo mismo: el irrespeto al derecho ajeno.

 

Sobre el autor:

Manuel Orozco

Politólogo nicaragüense. Director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano. Tiene una maestría en Administración Pública y Estudios Latinoamericanos, y es licenciado en Relaciones Internacionales. También, es miembro principal del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, presidente de Centroamérica y el Caribe en el Instituto del Servicio Exterior de EE. UU. e investigador principal del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional en la Universidad de Georgetown.